“LA POLÍTICA LABORAL DEL GOBIERNO DE  SEBASTIÁN PIÑERA: EL COMPROMISO EMPRESARIAL, SINDICAL Y DEL ESTADO”

CONVOCAN: FUNDACIÓN CHILE 21, CORPORACIÓN PROYECTAMÉRICA,

FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT

HOTEL CROWNE PLAZA

Alameda 136

Viernes, 10 de septiembre de 2010

09:30 a 13:30 horas.

PROGRAMA

El sistema de relaciones laborales ha sido considerado históricamente un eje institucional relevante en las democracias más consolidadas, en especial en aquellas inspiradas en la social democracia y social cristianas europeas. Chile: ¿que tipo de estándares laborales se contempla la legislación laboral del país? ¿Chile es miembro pleno de la OCDE, califica su legislación laboral en relación a los países integrantes de este organismo, sobre todo los europeos? ¿El actual gobierno está dispuesto a realizar una reforma profunda de las relacione laborales? Estas y otras interrogantes serán debatidas en este seminario acerca de la situación actual de las relaciones laborales en nuestro país.

09:30 horas:Inauguración

• Alberto Koschützke, Representante de la Fundación Friedrich Ebert
• Carlos Ominami, Presidente Honorario de la Fundación Chile 21
• Claudio Orrego, Presidente Corporación Proyectámerica

10:00 horas:Primer Panel “Reformas Laborales: ¿un capítulo pendiente”

Expositores

• María Ester Feres, Abogada laboralista, Universidad Central
• Arturo Martínez; Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
• Nicolás Monckeberg, Diputado RN, Miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados
• Oscar Landerretche, Economista, Universidad de Chile, Socio Proyectámerica
• Nora Miranda, Presidenta de la Federación de Trabajadores de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI)

12:00 horas:Segundo Panel “Propuestas para una nueva institucionalidad Laboral”

 Expositores

• Osvaldo Andrade, Diputado y actual presidente del PS
• Yerko Ljubetic, Abogado y ex Ministro del Trabajo y Previsión Social
• Raúl de la Puente, Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)
• Cristóbal Huneeus, economista, Director Corporación Proyectámerica
• Gonzalo Martner, Economista, Universidad de Santiago

A dos semanas de los hechos, el gobierno ha capitalizado su apuesta en evaluaciones positivas acerca de su desempeño (10 puntos de alza en encuesta Adimark, respecto al mes anterior). Emerge de dicha  situación la figura del ministro de minería quién ha sintetizado la emotividad en torno al caso, mostrándose cercano, empático y sencillo, atributos que le ha valido una altísima adhesión de opinión pública (78% de aprobación en Adimark, 84% en Centro de Encuestas La Tercera).

Para el gobierno es un logro tener a un figura de esas características en un gabinete que fue conformado con otros atributos principales. Queda por ver si este es un fenómeno fugaz o se constituye una plataforma política en torno a él, aunque nada indica que ello pudiera ocurrir por su falta de vínculos con los partidos o redes de poder. Esto, a pesar que tanto la UDI como RN han iniciado acercamientos, destinados a recoger su popularidad más que para convertirlo en un líder.

En los mismos días, en medio del rescate a los mineros, la COREMA de la región de Coquimbo aprobó la construcción de una central termoeléctrica emplazada en un punto cercano a la reserva natural de Punta de Choros. Esta situación que activó a ambientalistas, redes sociales y, a las que se sumaron figuras de la política y el espectáculo, generó un movimiento transversal que tuvo gran capacidad de convocatoria en el rechazo al proyecto, lo que produjo inquietud en el gobierno.

Como reacción a ello, en un hecho que descolocó al mundo político, incluido algunos dirigentes de la alianza, e inclusive a los propios ministros del área, el Presidente Piñera decidió tener puentes con la empresa y negociar la relocalización del proyecto. Esto fue calificado como una situación preocupante por distintas autoridades e inquietó a los empresarios, lo que llevó rápidamente  al gobierno a calificarlo como único y excepcional, pese a que su sola ocurrencia levanto una ola de demandas ambientales que puede continuar captando adherentes.

Por otra parte, representantes de empresas relacionadas con la energía han debido salir a explicar nuevamente sus posiciones temiendo un cambio de escenario, como es el caso de Hidroaysén.

En un tercer movimiento diseñado desde el corazón del piñerismo, el Ministro del Interior ha anunciado el envío al congreso de dos proyectos de ley, uno que limita y acota la acción de los tribunales militares, y otro que intenta precisar los tipos penales asociados a la ley antiterrorista limitando a su vez la doble penalidad. Esto, como respuesta a la huelga de hambre que mantienen 32 comuneros desde hace más de 50 días.

Al mismo tiempo, parlamentarios de la alianza han responsabilizado a los gobiernos de la concertación de la aplicación de esta ley. Dirigentes de la misma coalición han insinuado una autocrítica respecto al punto. Así lo manifestaron tanto el Secretario General del Partido Socialista como la Comisión Política del PPD.

Se inician manifestaciones en las principales ciudades del país y los huelguistas pueden sumar más adeptos, incluso entre menores acusados por la misma legislación.

En el campo de la oposición, han culminado los procesos internos de renovación de directivas con la elección efectuada en la Democracia Cristiana. Se impuso con un claro triunfo la lista encabezada por el senador Ignacio Walker que propuso una renovación del partido como su bandera principal. Con ello, y faltando solo el PRSD, las principales fuerzas de la concertación han concluido este proceso de mejor forma de lo que se anunciaba. Aún así, el recambio expresado en los partidos tiene una ardua tarea por delante, ya que en las últimas mediciones de opinión pública, así como el gobierno sube, la concertación se mantiene en un inquietante tercio de adhesión, cifra muy parecida al porcentaje que obtuvo en primera vuelta de la última elección presidencial.

Se habla en estos días de seguridad en los barrios, especialmente en aquellos territorios que, reunidas ciertas condiciones, propiciarían el desarrollo de conductas delictivas. Se habla igualmente de cuál es la mejor respuesta que el Estado debiera tener en esas comunidades locales para atenuar las condiciones de deterioro en que ahí se vive o se puede llegar a vivir.

Para ello, en el pasado reciente, el Estado ha ido creando programas como “Barrio Seguro”, una iniciativa gubernamental definida como “una intervención organizada en torno a la movilización de las comunidades…”. Ya la palabra intervención revela una cierta ambigüedad, pero lo que se quiere decir es que el Estado moviliza un conjunto de recursos propios y de la sociedad civil para enfrentar las causas y los efectos de este fenómeno social.

Los resultados de estas “intervenciones” son disimiles y sería injusto evaluarlas con los criterios de hoy toda vez que comenzaron a ser una herramienta estatal en seguridad hace muy poco, distinto es que no haya una debida cuenta de las insuficiencias y errores que no se pueden repetir en acciones futuras.

Sabemos que la organización y distribución del espacio urbano en la ciudad tiene una directa relación con la estructura político económico de ésta. Existen en la ciudad de Santiago distintos tipos de barrios. Así, hay un denominado “barrio alto” en que la metáfora no solo refleja la posición en el mapa de quienes lo habitan (hacia los cerros), sino la posición en la escala de estratificación social de estos grupos; hay también  barrios de clases medias, muchos barrios de muchas clases medias distintas: están los emergentes barrios de Maipú o La Florida y los tradicionales barrios de Quinta Normal o Santiago; hay barrios de tradición u origen obrero, como algunos en Estación Central o San Bernardo.

También entonces, hay barrios críticos y/o vulnerables en la periferia de la ciudad, que no es sino otra forma de llamar a los barrios en que la pobreza, la violencia y el deterioro social los hacen especialmente propicios para el desarrollo de comportamientos que reproducen esta posición tanto en el mismo barrio como en la sociedad.

Estas distinciones básicas y, por ahora, gruesas, no se consideran a la hora de diseñar la respuesta estatal, que suele ser estandarizada. Así es, hasta ahora, el Estado no se ha decidido por una política pública que considere centralmente esta situación, muchas veces se ha privilegiado la extensión por sobre la calidad, es decir hacer algo en muchos barrios más que concentrar recursos en pocos, aumentando la cantidad y calidad de la inversión en ellos. Otras tantas, no se han considerado factores que hagan que estas intervenciones sean fruto de un análisis serio respecto a qué variables están presentes para que hayan emergido ese tipo de conductas y se mantengan en el tiempo.

Ya se ha visto, por años, que la respuesta represiva tiene límites evidentes, sobre todo en aquellos barrios que están con un nivel de deterioro severo: espectaculares allanamientos, televisados decomisos, mediáticas persecuciones han tenido resultados discutibles, no en la baja de los delitos, sino en la solución de fondo al problema de muchos estos territorios.

Para intervenciones de este tipo pareciera ser necesario el largo plazo, no como algo inacabado e intangible, sino que a través de metas e indicadores de cumplimiento anual pero con presupuestos y recursos suficientes que comprometan una ejecución seria de los proyectos por plazos al menos trienales. Estas iniciativas debieran considerar descentralización de los planes de manera tal que los municipios sean quienes se encarguen de alinear los objetivos de gobierno local con las necesidades de prevención social del delito en sus comunas. Esa herramienta es indispensable para los municipios ya que las tareas de seguridad ciudadana son demandadas a estos con la misma intensidad que al gobierno central.