Se habla en estos días de seguridad en los barrios, especialmente en aquellos territorios que, reunidas ciertas condiciones, propiciarían el desarrollo de conductas delictivas. Se habla igualmente de cuál es la mejor respuesta que el Estado debiera tener en esas comunidades locales para atenuar las condiciones de deterioro en que ahí se vive o se puede llegar a vivir.

Para ello, en el pasado reciente, el Estado ha ido creando programas como “Barrio Seguro”, una iniciativa gubernamental definida como “una intervención organizada en torno a la movilización de las comunidades…”. Ya la palabra intervención revela una cierta ambigüedad, pero lo que se quiere decir es que el Estado moviliza un conjunto de recursos propios y de la sociedad civil para enfrentar las causas y los efectos de este fenómeno social.

Los resultados de estas “intervenciones” son disimiles y sería injusto evaluarlas con los criterios de hoy toda vez que comenzaron a ser una herramienta estatal en seguridad hace muy poco, distinto es que no haya una debida cuenta de las insuficiencias y errores que no se pueden repetir en acciones futuras.

Sabemos que la organización y distribución del espacio urbano en la ciudad tiene una directa relación con la estructura político económico de ésta. Existen en la ciudad de Santiago distintos tipos de barrios. Así, hay un denominado “barrio alto” en que la metáfora no solo refleja la posición en el mapa de quienes lo habitan (hacia los cerros), sino la posición en la escala de estratificación social de estos grupos; hay también  barrios de clases medias, muchos barrios de muchas clases medias distintas: están los emergentes barrios de Maipú o La Florida y los tradicionales barrios de Quinta Normal o Santiago; hay barrios de tradición u origen obrero, como algunos en Estación Central o San Bernardo.

También entonces, hay barrios críticos y/o vulnerables en la periferia de la ciudad, que no es sino otra forma de llamar a los barrios en que la pobreza, la violencia y el deterioro social los hacen especialmente propicios para el desarrollo de comportamientos que reproducen esta posición tanto en el mismo barrio como en la sociedad.

Estas distinciones básicas y, por ahora, gruesas, no se consideran a la hora de diseñar la respuesta estatal, que suele ser estandarizada. Así es, hasta ahora, el Estado no se ha decidido por una política pública que considere centralmente esta situación, muchas veces se ha privilegiado la extensión por sobre la calidad, es decir hacer algo en muchos barrios más que concentrar recursos en pocos, aumentando la cantidad y calidad de la inversión en ellos. Otras tantas, no se han considerado factores que hagan que estas intervenciones sean fruto de un análisis serio respecto a qué variables están presentes para que hayan emergido ese tipo de conductas y se mantengan en el tiempo.

Ya se ha visto, por años, que la respuesta represiva tiene límites evidentes, sobre todo en aquellos barrios que están con un nivel de deterioro severo: espectaculares allanamientos, televisados decomisos, mediáticas persecuciones han tenido resultados discutibles, no en la baja de los delitos, sino en la solución de fondo al problema de muchos estos territorios.

Para intervenciones de este tipo pareciera ser necesario el largo plazo, no como algo inacabado e intangible, sino que a través de metas e indicadores de cumplimiento anual pero con presupuestos y recursos suficientes que comprometan una ejecución seria de los proyectos por plazos al menos trienales. Estas iniciativas debieran considerar descentralización de los planes de manera tal que los municipios sean quienes se encarguen de alinear los objetivos de gobierno local con las necesidades de prevención social del delito en sus comunas. Esa herramienta es indispensable para los municipios ya que las tareas de seguridad ciudadana son demandadas a estos con la misma intensidad que al gobierno central.